ESCRIBE UNA CARTA Y SALVA UNA VIDA

Ruth López es una abogada y defensora de los derechos humanos conocida por su firme creencia en la justicia y la rendición de cuentas. Cuando no está dando clase o actuando como tutora de jóvenes abogados y abogadas o activistas, disfruta leyendo y cuidando de su jardín de orquídeas.

Durante años, Ruth alzó la voz contra la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en El Salvador. Dedicó su vida a defender la justicia y proteger el Estado de derecho, incluso cuando hacerlo empezó a entrañar peligro.

Desde 2022, El Salvador ha estado bajo un estado de excepción que ha conferido a las autoridades amplios poderes para silenciar las voces críticas, perseguir a activistas y debilitar los derechos jurídicos básicos. Hoy, alzar la voz o defender los derechos humanos de manera pacífica puede poner en peligro tu derecho a la libertad.

En mayo de 2025, Ruth fue detenida en su casa y recluida. Su familia no supo de su paradero durante 40 horas. Un año después, continúa detenida en espera de juicio. Se le ha negado el derecho a un juicio justo y el acceso periódico a su familia o asistencia letrada.

Ruth López es presa de conciencia, detenida únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

Pide a las autoridades salvadoreñas que pongan a Ruth López en libertad de inmediato y sin condiciones y retiren todos los cargos en su contra.

Imaan Mazari-Hazir (derecha) y Hadi Ali Chattha (izquierda) son abogados de derechos humanos. Tienen entre 30 y 40 años, están casados y se conocieron cuando representaban a un cliente mutuo en los tribunales. Cuando sus largas jornadas de trabajo se lo permiten, les encanta salir a comer juntos y reunirse con sus amistades.

Han dedicado sus carreras a representar a víctimas de la opresión del Estado, actividad no exenta de riesgos en Pakistán. Pese a las amenazas y el hostigamiento de las autoridades, han perseverado con valentía.

Imaan explicó: “Ni una sola vez he pensado en abandonar mi labor de defensa por estas amenazas. Si estás demasiado pendiente de vigilar, te distraes de la causa y tus detractores ganan”.

El 24 de enero de 2026, Imaan y Hadi fueron condenados a largas penas de prisión por expresar en las redes sociales su solidaridad con activistas baluchis y pastunes y criticar a las fuerzas armadas de Pakistán. Su condena refleja la manera en que las autoridades paquistaníes utilizan el sistema de justicia para reprimir la libertad de expresión, silenciar las voces críticas y castigar a profesionales de la abogacía para consolidar su poder y control.

Imaan y Hadi deberían estar desempeñando su importante labor y haciendo las cosas que aman. En cambio, han sido encerrados y separados.

Debe ponerse en libertad sin condiciones a Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha y deben retirarse de inmediato todos los cargos en su contra.

Marwa Arafa es una activista de los derechos humanos, traductora y madre egipcia de 33 años que lleva detenida arbitrariamente más de seis años únicamente por su activismo pacífico. Marwa se dedicó a prestar asistencia a familias de personas detenidas por motivos políticos, así como a niños y niñas que también habían sido detenidos. Lamentablemente, su hija crece sin ella después de que Marwa fuera detenida en su presencia cuando la niña tenía sólo dos años. Su hija, ahora de ocho años, sigue teniendo grandes dificultades para superar la separación.

A Marwa se la está castigando por solidarizarse con personas detenidas, denunciar abusos que sufren niños y niñas y ayudar a las familias con los gastos de las visitas a las prisiones. En abril de 2020, las fuerzas de seguridad egipcias irrumpieron en la casa de una persona amiga de Marwa, donde ella se alojaba, y la sometieron a desaparición forzada durante dos semanas. Posteriormente fue acusada de delitos infundados de terrorismo. Ahora se enfrenta
a un juicio injusto por cargos punibles con cadena perpetua.

La salud de Marwa se ha deteriorado seriamente en prisión, donde se le ha negado una atención médica adecuada. La situación de Marwa evidencia el abuso de las leyes antiterroristas en Egipto para perseguir la disidencia pacífica, la defensa de los derechos humanos y a cualquier persona percibida como crítica hacia quienes ejercen el poder. Marwa sigue aferrándose a la esperanza, sacando fuerza de su amor por su hija y de su fe en la justicia.

Reclama la libertad inmediata e incondicional de Marwa Arafa y la retirada de todos los cargos formulados en su contra, pues está detenida exclusivamente por ejercer sus derechos humanos.

Daria Egereva ha dedicado su vida a proteger pueblos, culturas y el medioambiente. Nacida en Siberia y miembro del pueblo indígena selkup, constituido por unas 3.500 personas nada más, se formó como profesora antes de convertirse en una respetada defensora de los derechos indígenas y la justicia climática. Sus amistades la definen como afectuosa, sociable y muy compasiva. Le encanta leer y dar largos paseos al aire libre, y suele hablar de su crianza
en la taiga, rodeada de extensos bosques de hoja perenne donde recolectaba bayas con su familia y forjó un vínculo con la naturaleza para toda la vida.

Hoy, Daria se enfrenta a hasta 20 años de prisión por su labor pacífica de derechos humanos. En diciembre de 2025, las autoridades rusas detuvieron a Daria y la acusaron de vinculación a una red de derechos indígenas a la que habían calificado de “terrorista”, a pesar de que su trabajo se centraba en proteger las tierras, lenguas y culturas indígenas.

La experiencia de Daria refleja un patrón general en el que se utilizan cargos de “extremismo” y “terrorismo” contra activistas, lo que permite a quienes ocupan el poder silenciar las voces independientes y disuadir a otras personas de alzar su voz. Aun así, Daria se negó a renunciar a sus valores. A pesar de la presión y las amenazas, continuó defendiendo a su pueblo y los derechos de su gente con coraje y determinación.

Pide la libertad inmediata e incondicional de Daria Egereva y el fin de la represión de activistas indígenas que ejercen sus derechos en toda Rusia.

Elegir cómo vestirte, expresar lo que sientes y salir a la calle sin esconder quién eres no debería costarte la libertad. La China Saqr’a Queer, Aisha, Gia León, Julissa, Jaina Vagina y Aurora Queen encontraron en el drag un espacio para ser ellas mismas. A través de sus personajes y creaciones, han construido algo que la violencia y la exclusión tantas veces les niegan: un lugar donde encontrarse, expresarse y sentirse parte de una comunidad.

Con su arte también levantan la voz. Han participado en las Marchas del Orgullo de Cusco reivindicando el derecho a vivir sin discriminación. Pero ahora podrían pasar hasta seis años en prisión, ya que su participación en estas marchas y sus expresiones artísticas están siendo tratadas como delitos.

Las investigaciones que se está llevando a cabo no solo las obliga a reorganizar sus vidas alrededor de las diligencias y pasar meses sin saber qué ocurrirá con su futuro, sino que también puede hacer que otras personas se pregunten si volver a marchar o mostrarse como son vale el riesgo.
 
Que una expresión artística incomode no justifica una persecución. Permitirlo puede abrir la puerta a que otras voces también se callen por miedo. Está en juego la libertad de estas seis artistas y activistas cusqueñas, pero también está en juego que las personas LGBTIQ+ puedan seguir expresándose, marchando, creando, construyendo comunidad y defendiendo sus derechos sin miedo a ser denunciadas por hacerlo. No deberían tener que elegir entre expresarse y conservar su libertad.

El arte no es un delito. El orgullo tampoco. Defender derechos, menos.

Eduardo Mauricio Ruiz tenía 32 años, un hijo y mucho que decir. En la comunidad hip hop era Trvko: un rapero que había encontrado en la música un lugar donde su voz importaba y su talento era reconocido. Sus letras hablaban de lo que veía a su alrededor: la desigualdad, la violencia y la necesidad de unirse para cambiar las cosas. Su barrio y las historias de su gente estaban presentes en su arte.  

El 15 de octubre de 2025 llevó esas inquietudes a las calles de Lima. Como otras veces, salió a marchar con su hermano y transmitió en vivo lo que ocurría. Esa noche no volvió a casa. 

Un disparo de un policía vestido de civil acabó con su vida. Su hermano lo acompañó al hospital, donde confirmaron su muerte. Habían salido juntos a una marcha, pero solo uno podría regresar. Su hijo, de 10 años, perdió a su papá.  

Ahora, además de vivir con su ausencia, su familia tiene que luchar para que el caso sea juzgado por una justicia independiente. La defensa del policía acusado pidió trasladarlo al fuero policial, apoyándose en la Ley 32735.  

No es un simple cambio de tribunal, podría estar en juego que se esclarezca lo ocurrido. Al ser juzgado por otros policías, peligra la independencia e imparcialidad y aumenta el riesgo de impunidad, a la vez que limita la participación de sus familiares en el proceso. El fuero militar-policial debe ser siempre una jurisdicción excepcional, y las violaciones a los derechos humanos no deben ser tratadas ahí.   

Su muerte no es un hecho aislado: Amnistía Internacional ha documentado cómo la represión de las protestas en Perú ha acabado con la vida de decenas de personas. Mientras el número de personas asesinadas por protestar aumenta, nuevas leyes, como la 32735, ponen en riesgo las investigaciones y el derecho de víctimas y familias de conocer la verdad, acceder a justicia y obtener reparación.    

No deberíamos tener que elegir entre quedarnos en silencio y regresar con vida a casa. Trvko usó su voz para denunciar injusticias. Hoy podemos sumar las nuestras para que su muerte no quede impune.