Los periodistas de Honduras corren grave peligro. Seis periodistas, todos ellos hombres, han muerto por disparos en las últimas ocho semanas, y muchos más han recibido amenazas de muerte. Nadie ha rendido cuentas por estos hechos, y no se ha emprendido ninguna acción para respaldar y proteger a los periodistas que hablan o escriben sobre la delincuencia organizada, las violaciones de derechos humanos o el gobierno.El 20 de abril, el presentador de informativos Jorge Alberto Orellana se convirtió en el sexto periodista asesinado desde el 1 de marzo. Le dispararon al salir de la emisora de televisión TVH en la capital, Tegucipalpa, tras terminar su programa "En vivo con Georgino". Todavía no se ha identificado el motivo de los homicidios. Los seis periodistas asesinados murieron por disparos de agresores no identificados. Entre los fallecidos se encontraban el periodista radiofónico David Meza Montesinos y Nahúm Palacios, director de informativos de la emisora de televisión Canal 5. David Meza Montesinos, muerto el 11 de marzo, había estado investigando sobre el narcotráfico y llevaba varias semanas recibiendo amenazas. Nahúm Palacios fue asesinado tres días después. Había investigado una disputa de tierras en la región de Aguán y también había informado sobre el narcotráfico, además de condenar abiertamente el golpe de Estado de junio de 2009. El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Honduras que tomara medidas para protegerlo, pero las autoridades no lo hicieron.Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de amenazas e intimidaciones contra periodistas. Ricardo Oviedo Reyes, periodista de televisión y presidente de la Asociación de Comunicadores de Colón, en el noreste de Honduras, informó de que, el 9 de abril, un grupo de personas que estaban ante el estudio de televisión en el que se encontraba trabajando realizaron disparos. En otra ocasión, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo siguieron hasta casa desde el estudio, y se les ha visto más veces rondando por su casa. El 21 de abril, un hombre no identificado telefoneó a Ricardo Oviedo y le dijo: "Te vas a morir", antes de colgar. El 18 de abril, el periodista televisivo Jorge Otts Anderson fue amenazado mientras presentaba un programa informativo. Tras presentar la historia de un joven golpeado por agentes de policía, recibió en directo la llamada de un hombre que dijo: "Te vamos ir a matar", y colgó. Tan sólo un mes antes, también durante su programa, llamó un hombre que dijo: "Tu cabeza ya tiene precio". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a Honduras que proteja a más de un centenar de personas cuya vida corre peligro. Muchas de esas personas son periodistas.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades hondureñas que:

• condenen públicamente los homicidios y la intimidación de periodistas y se comprometan a proteger a los miembros de esta profesión;
• lleven a cabo una investigación urgente, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios de los seis periodistas, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables ante la justicia;
• actúen de inmediato para brindar toda la protección necesaria a los periodistas amenazados, de acuerdo con sus deseos;
• apliquen las órdenes de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE JUNIO DE 2010 A:Sr. Porfirio Lobo SosaPresidente de la RepúblicaCasa PresidencialBoulevard Juan Pablo SegundoPalacio José Cecilio del ValleTegucigalpa, HondurasFax: + 504 232 1666Tratamiento: Sr. PresidenteSr. Luis Alberto RubíFiscal General de la RepúblicaLomas del Guijarro, Avenida República DominicanaEdificio Lomas Plaza IITegucigalpa, HondurasFax: + 504 221 5667Tratamiento: Sr. Fiscal GeneralY copia a:ONGComité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301Apartado Postal 1243Tegucigalpa, HONDURASFax: +504 220 5280 (digan: "tono de fax")INFORMACIÓN ADICIONALEl 1 de marzo, Joseph Hernández Ochoa, periodista y estudiante de 26 años, fue abatido a tiros en Tegucigalpa. Fue la primera víctima de la reciente oleada de homicidios de periodistas. Su colega, la periodista Carol Cabrera, resultó herida en ese mismo ataque. El 11 de marzo, el periodista radiofónico David Meza Montesinos murió a manos de atacantes no identificados que siguieron a su auto y le dispararon cuando se dirigía a su casa. Había estado investigando sobre el narcotráfico y llevaba varias semanas recibiendo amenazas telefónicas. Tres días después, Nahúm Palacios, director de informativos de la emisora de televisión Canal 5, fue asesinado mientras conducía por la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. Había estado investigando una disputa de tierras en la región de Aguán y también había informado sobre narcotráfico. El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido a Honduras que tomara medidas inmediatas para protegerlo, pero las autoridades no emprendieron ninguna acción. Víctor Manuel Juárez y José Bayardo Mairena trabajaban para el programa informativo "Así es Olancho", en el departamento de Olancho, en el este de Honduras. Les dispararon desde otro vehículo el 27 de marzo mientras circulaban por una carretera de Olancho.Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se produjeron cierres y ocupaciones de medios de comunicación por parte de personal militar, se golpeó y agredió físicamente a periodistas, y se amenazó e intimidó a periodistas, especialmente los que investigaban actividades de la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o condenaban abiertamente el golpe de Estado. Amnistía Internacional, en un informe titulado Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009 (Índice: AMR 37/003/2010), documentó violaciones de derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado.El 27 de enero de 2010 ocupó el poder un nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo. Ahora, con seis homicidios de periodistas en tan sólo dos meses, el gobierno debe tomar medidas urgentes e inmediatas para proteger a los periodistas que reciben amenazas, prevenir nuevas muertes e investigar y llevar ante la justicia a los culpables de estos asesinatos.