Lima, 27 de junio de 2025. En la víspera del Día del Orgullo, fecha en la cual celebramos la diversidad y la lucha de la población LGTBIQ+ por sus derechos, recordamos que en el último año se reforzaron discursos estigmatizantes y se aprobaron iniciativas legales que refuerzan la violencia y la discriminación que enfrenta este grupo de personas en Perú.
Este año se aprobó la ley Nº 32331, ley sobre indemnidad sexual, que vulnera los derechos de la comunidad LGTBIQ+, especialmente de las personas trans, al reforzar estereotipos y vincular peligrosamente identidad de género con situaciones de peligro para menores de edad.
Asimismo, en 2024, un decreto del Ministerio de Salud (Minsa), declaró el “transexualismo” como un “problema de salud mental”. Si bien, tras la presión social, el Minsa emitió una resolución precisando que las personas transgénero no debían ser tratadas como si padecieran problemas de salud mental, el decreto se encuentra vigente.
Sumado a ello, en el último año no se han registrado avances a favor de los derechos de las personas LGTBIQ+, como legislación que reconozca legalmente la identidad de género y el matrimonio igualitario, y tampoco se han registrado avances para prevenir y sancionar los crímenes de odio.
Es importante señalar que estas acciones y omisiones contribuyen a alimentar la violencia que enfrenta a diario la comunidad LGTBIQ+. Según datos de la primera encuesta virtual para población LGTBIQ+ en Perú (INEI, 2017), el 63% de personas encuestadas declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia y discriminación, principalmente en espacios públicos y educativos. Además, el 56,5% señaló sentir temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, principalmente por miedo a ser objeto de agresión o discriminación.
En este escenario, y bajo el lema Orgullosxs de ser y amar, Amnistía Internacional se suma este año a las movilizaciones por el Día del Orgullo en diferentes regiones del país para celebrar la diversidad y a la vez rechazar la institucionalización de la violencia y discriminación. En esta línea, reiteramos nuestro pedido para que se derogue toda norma que fomente la violencia y discriminación, y se impulse normativa para prevenir y sancionar los delitos de odio, y para garantizar el matrimonio igualitario y el derecho a la identidad de género.
En el Perú, las personas LGBTIQ+ continúan enfrentando barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Aunque durante los últimos años se han registrado algunos avances en materia de reconocimiento social y visibilidad, el Estado peruano mantiene deudas urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación para todas las personas.
Las personas LGBTIQ+ han existido históricamente y forman parte de la vida social, cultural, económica y política del país. Sin embargo, continúan enfrentando obstáculos para acceder a derechos en igualdad de condiciones, particularmente en ámbitos relacionados con el reconocimiento de la identidad de género, el acceso a derechos familiares, la protección frente a la violencia y la discriminación, y el acceso a servicios públicos libres de discriminación.
Las personas trans continúan siendo afectadas por la falta de una Ley de identidad de Género que garantice procedimientos administrativos accesibles, seguros, despatologizantes y respetuosos de su dignidad. Esta ausencia limita su acceso a servicios, empleo, educación, salud y justicia en condiciones de igualdad.
Asimismo, el Estado peruano continúa sin reconocer el matrimonio igualitario ni garantizar igualdad plena de derechos para las parejas del mismo sexo y sus familias. Esta situación restringe el acceso a derechos relacionados con la seguridad social, la herencia, la protección patrimonial, las decisiones médicas y el reconocimiento familiar.
La violencia contra las personas LGBTIQ+ continúa siendo una preocupación urgente. Persisten importantes desafíos para prevenir, registrar, investigar y sancionar adecuadamente los crímenes de odio motivados por prejuicios basados en la orientación sexual o la identidad de género. La limitada disponibilidad de información oficial dificulta conocer la magnitud de esta violencia y desarrollar respuestas estatales efectivas.
Las mujeres trans continúan siendo uno de los grupos más expuestos a situaciones de violencia, discriminación y exclusión. Estas vulneraciones se agravan para aquellas que ejercen trabajo sexual, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a servicios públicos, mecanismos de protección y condiciones de vida dignas.
Las personas LGBTIQ+ también continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, educación, justicia y seguridad en condiciones de igualdad. La persistencia de prejuicios institucionales y la ausencia de mecanismos adecuados de protección continúan generando situaciones de exclusión y desprotección.
Por ello, exigimos al Estado peruano que:
Porque ninguna persona debería tener menos derechos por ser quien es.
Porque los derechos humanos son para todas las personas.
Porque existir también significa existir con los mismos derechos.