A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR, el camino a la justicia es lento y revictimizante
En el vigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Estado peruano, sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, sumada a que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto armado interno, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
28 agosto 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Lambayeque. Alarmantes índices de violencia contra las niñas y mujeres
El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos alimentaron la impunidad y la inestabilidad en el mundo. Un ejemplo es la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania, que contrasta con la deplorable falta de medidas significativas ante graves violaciones de derechos humanos que cometen algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.
21 abril 2023
Perú: represión e impunidad en 2022 menoscabaron los derechos humanos
El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos alimentaron la impunidad y la inestabilidad en el mundo. Algunos ejemplos son la negativa a hacerle frente al sistema de apartheid israelí contra la población palestina, o la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania, que contrasta con la deplorable falta de medidas significativas ante graves violaciones de derechos humanos que cometen algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.
28 marzo 2023
Reacción de Amnistía Internacional al anuncio de la suspensión de la exportación de material antidisturbios español a Perú
Ante el anuncio ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, de la decisión de suspender la exportación de material antidisturbios a Perú, Amnistía Internacional España, ha declarado:
“Acogemos con satisfacción el anuncio del gobierno y confiamos en que sea el primer paso para mejorar la evaluación de riesgo de uso contrario al derecho internacional de las exportaciones de armas españolas y garantizar que ni un arma española se usa para atrocidades.
Pedimos a la Junta Interministerial que autoriza las ventas de armas que, en su reunión a finales de este mes, suspenda también la exportación de material de defensa potencialmente letal como munición, armas pequeñas y ligeras debido al riesgo de que la policía y el ejército peruanos las usen para cometer violaciones graves de derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones.
22 febrero 2023
Perú: El fuero militar no se debe aplicar a presuntas violaciones de derechos humanos
En respuesta al anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se llevarán al fuero militar, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:
“Durante las últimas semanas se han reportado más de una veintena de muertes de personas civiles, incluso menores de edad, en el marco de las protestas y movilizaciones en el Perú, y como consecuencia de la respuesta represiva por parte del Estado a través del uso de la fuerza. Al ser hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos, requieren de una intervención pronta, imparcial y oportuna de las instancias competentes y especializadas en la investigación de este tipo de hechos, determinar responsabilidades y posibilitar la rendición de cuentas en un marco de debido proceso”.
“Desde Amnistía Internacional nos preocupa el anuncio realizado el día de hoy sobre la intervención del Fuero Militar en las investigaciones. Recordamos a las autoridades peruanas que los fueros militares o policiales no son competentes, según el estándar internacional aplicable, para conocer, juzgar y sancionar a los presuntos autores de violaciones a derechos humanos”.
20 diciembre 2022
Perú: Demandamos el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional lamenta la muerte de al menos 17 personas en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad en el escenario de protestas sociales, y advierte que la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis.
16 diciembre 2022
Autoridades peruanas deben reabrir el sistema de solicitud de refugio y redoblar esfuerzos para integrar a la población refugiada
(Lima,17 de junio de 2022). En vísperas del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, Amnistía Internacional demanda al Estado peruano reabrir el sistema de solicitud de refugio y avanzar hacia una política migratoria basada en los derechos humanos, que priorice la integración y la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países.
Perú acoge aproximadamente a 1,3 millones de personas venezolanas y tiene el mayor número de solicitudes de refugio de personas de ese país en el mundo. Aproximadamente 530 mil solicitudes de protección internacional están pendientes en el país, la mayoría de personas venezolanas. En la espera, deben enfrentar numerosos obstáculos para acceder a derechos básicos, entre diferentes razones por la documentación precaria con la que cuentan
En este escenario, Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a reabrir el sistema de solicitud de refugio, asegurando que el acceso a este procedimiento sea eficiente, justo y respete los estándares internacionales.
“Buscar protección internacional es un derecho humano que no puede estar sujeto a negociación. Perú es uno de los principales países de acogida de personas refugiadas de Venezuela, quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en su país. La solidaridad debe ir de la mano con el apoyo a la regularización migratoria, para que puedan integrarse a la sociedad y acceder a derechos fundamentales”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
Las autoridades peruanas y la comunidad internacional deben compartir y redoblar esfuerzos para abordar esta situación humanitaria, protegiendo principalmente a niñas y mujeres, que son las más vulnerables a violencias y discriminación.
17 junio 2022
Día internacional de los DDHH: tus palabras pueden hacer que las cosas cambien
Una de las más grandes crisis de derechos humanos se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron no menos de 60 millones de personas, con el agravante de que el 30% de los muertos registrados fueron combatientes y la gran mayoría fue población civil no beligerante. En esta ordalía, las fuerzas armadas alemana y japonesa fueron los principales actores, quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas que se hayan registrado en la historia de la humanidad, solo comparables con la brutalidad de los ejércitos mongoles que asolaron el mundo en la Edad Media.
10 diciembre 2021
AMNISTÍA INTERNACIONAL: A UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL EN PERÚ, AÚN NO HAY RESPONSABLES DE VIOLENCIA POLICIAL
A un año de las movilizaciones de noviembre de 2020, Amnistía Internacional demanda a las autoridades administrativas y judiciales de Perú, esclarecer, sin más dilaciones, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales. En ese sentido, insta al Congreso de la República a procesar, sin demoras, la denuncia constitucional contra los exfuncionarios implicados, y así facilitar la investigación judicial.
10 noviembre 2021
PERÚ: EL DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS NO PRESCRIBE
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado Peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles Las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones y no puede haber más dilaciones ni excusas, dijo hoy Amnistia Internacional en el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exministros de Salud de su gobierno, acusados por ordenar esterilizaciones forzadas a unas 270,000 mujeres, en su mayoría indígenas, campesinas y Quechua hablantes.
11 junio 2021
Amnistía Internacional: Esterilizaciones forzadas no fueron hechos aislados y representan una grave violación de los derechos humanos
En el marco de la audiencia de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exministros de Salud en el llamado caso de esterilizaciones forzadas, Amnistía Internacional considera que las esterilizaciones forzadas perpetradas en los 90, principalmente a mujeres indígenas y campesinas, representan una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres, cuyos cuerpos fueron vulnerados contra su voluntad.
19 mayo 2021